Читать книгу Estatuto jurídico de la persona requerida para comparecer ante una comisión de investigación parlamentaria ostentando la condición de investigado en un procedimiento penal онлайн

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Aunque se trataba de una gran trama de corrupción, en el banquillo de los acusados solo se sentaron seis implicados: dos funcionarios del Cabildo de Gran Canaria, un funcionario de la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, dos empresarios y un abogado que actuaba como representante de inversores interesados en participar en el concurso. La instrucción de la causa judicial, iniciada como señalé en 2004, se prolongó durante nueve años, y el juicio oral, ante un Tribunal de Jurado, se celebró en 2018.

Por lo que ahora interesa, señalar que dados los sujetos que podían verse afectados y la repercusión social que tuvieron los hechos cuando se hicieron públicos en 2006, provocó que el Parlamento de Canarias constituyera una Comisión para la investigación de esos hechos que, por referirse a una licitación sobre parques eólicos, se denominó caso Eólico. En esta comisión de investigación, en la que estaban presentes el PSOE (partido socialista obrero español), el PP (partido popular) y CC (coalición canaria), según señaló el representante del PSOE “estaban dispuestos «a llamar a declarar a todas las personas que están implicadas en el sumario», desde la entonces consejera de Industria, hasta otros funcionarios relacionados”. Según refirió este mismo representante, estos cargos eran sólo algunos ejemplos que se barajaban incluir en una lista de comparecencias ya que «a la vista de lo que se está difundiendo sobre el sumario, parece lo bastante jugoso como para hacer una investigación exhaustiva».