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Si no se interpone, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto declarando desierto el recurso, y quedará firme y consentida la resolución. Contra este decreto podrá interponerse recurso directo de revisión (art. 873 LECrim).

En el mismo plazo, podrán adherirse al mismo el resto de partes.

El recurso se interpondrá por escrito, con firma de Letrado y Procurador autorizado, con el que se presentará testimonio de la sentencia o auto recurrido y copias para las partes.

Cuando el recurrente fuese el acusador privado y el delito se pueda perseguir de oficio, presentará el Procurador con la presentación del escrito de interposición del recurso de casación, el documento que acredite haber depositado 12.000 pesetas (72 euros) en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones correspondiente, debiendo efectuarse tantos depósitos cuantos acusadores privados haya, salvo que comparezcan bajo una misma representación. Cuando el delito solo se pueda perseguir a instancia de parte, el depósito será de 6.000 pesetas (36 euros). Cuando el recurrente sea el actor civil, el depósito será de 7.500 pesetas (45 euros). Como se ha indicado anteriormente, la acusación popular debe en todo caso consignar el depósito de 50 euros prevenido en la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ al preparar el recurso. Si el recurrente tuviera declarado el derecho de asistencia jurídica gratuita o fuera insolvente, estará exento de depósito, aunque si viniere a mejor fortuna, quedará obligado a responder de la cantidad correspondiente.