El artículo 149.1.18.ª CE contiene una referencia a seis competencias distintas, que atribuyen al Estado poderes para regular la auténtica “columna vertebral del Derecho administrativo” español (sujetos públicos, forma de actuación, garantías y relación con la Administración, etc.)ssss1. Entre ellas, la LOPIVI solo se acoge a la primera tal y como establece su Disposición Final 18.ª, referida a las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. Al tratarse de una competencia para establecer legislación básica, el Estado no podrá agotar nuevamente la regulación de esta materia, sino que debe dejar espacio para que cada CC.AA pueda desarrollar y regular en detalle las normas básicas comunes establecidas por el Estadossss1. Parte de la doctrina considera que, al interpretar este título competencial, el TC lo ha ampliado progresivamente y ha permitido al Estado detallar algo más de lo habitual dicha normativa básica, en comparación con otras materiasssss1. Sin embargo, nunca deberá entrañar uniformidad en el régimen aplicable a las distintas Administraciones, si se quiere armonizar adecuadamente “los principios de unidad y autonomía que la Constitución consagra (arts. 2 y 137)”ssss1.