Читать книгу El nuevo marco legal de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España онлайн
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Frente a todo ello, en un sentido contrario, podría alegarse que algunas disposiciones de la LOPIVI no fijan condiciones básicas para un ejercicio uniforme de un derecho o deber constitucional como es la protección de la infancia y la adolescencia, sino que entran a regular aspectos sustantivos de una materia cuya competencia ha sido asumida por las CC.AA, ya sea en el ámbito del deporte y el ocio, los servicios sociales o la política familiar. Según esta interpretación alternativa, el Estado estaría suplantando al legítimo regulador de estas materias, las CC.AA con competencias asumidas en dichas materias, para fijar el régimen aplicable en determinados sectores. Cuanto más detalladas y específicas sean las disposiciones de la LOPIVI apli-cables en dichos sectores, más fácilmente podrían llegar a ser consideradas una regulación sustantiva de estas materias, en vez de meras condiciones básicas de protección.
Lo que no cabe entender, en ningún caso, es que el Estado no pueda tener ningún tipo de incidencia normativa sobre estas materias, como parecen reflejar algunas de las enmiendas presentadas durante la tramitación de la LOPIVIssss1. Puede tenerla, siempre que consista únicamente en la fijación de condiciones mínimas e indispensables de protección a la infancia y la adolescencia en cada sector (incluidos aquellos reservados a la regulación auto-nómica), al amparo precisamente el art. 149.1.1.ª CE. Este artículo no puede alterar el régimen sustantivo de distribución de competencias ni suponer una prohibición de divergencia autonómica en ámbitos de su competenciassss1. Pero tampoco puede ser considerado un “título residual” que el Estado solo pueda emplear excepcionalmentessss1. Se trata de un mecanismo constitucional plenamente válido para armonizar mínimamente el ejercicio de derechos y deberes constitucionales, que en este caso se traduce en el establecimiento de un marco común para la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia en todo el territorio nacional.