Hay dos circunstancias que deben ser resaltadas en la presentación de una norma como la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE) que se anuncia como una ley horizontal y de carácter transversal, expresiones ambas que quieren poner de relieve su extensión a ámbitos sectoriales diversos frente a la regulación específica de cada uno de éstos que trata, como su propio nombre indica, de regular, con mayor o menor extensión un determinado sectorssss1. El gran reto final es, por tanto, que la conjunción de las diferentes normas y de la actuación de los agentes tenga un contenido normativo directo que evite uno de los riesgos esenciales de este tipo de normas que no es otro que su conversión en textos programáticos sin un valor coercitivo real y, por tanto, con una capacidad de ordenación real de la sociedad, igualmente, muy dudosossss1.

En el supuesto del ordenamiento jurídico español con la fuerte descentralización impuesta por la CE de 1978 trae como consecuencia inmediata la dispersión de los agentes reguladores y, potencialmente, ejecutores de las respectivas prescripciones que se indican para cada sector en el ámbito sectorial respectivo. Este efecto condiciona la virtualidad de una norma como la que se presenta y que, expresamente, se configura como transversal y afectante a ámbitos sectoriales muy diferenciados.