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Pero me adelanto. Ha corrido mucha agua bajo los puentes —incluidos los del Danubio— desde la época en que aún se hablaba del Conseil National du Patronat Français [Consejo Nacional de Empleadores de Francia] (CNPF) para designar al empresariado.13 En particular, los partidos políticos han adquirido una verdadera existencia jurídica en lo que concierne a las modalidades de su financiamiento. Así, con las leyes de 1988, un partido político, en Francia, se convirtió en una asociación en los términos de la ley de 1901, pero sometida a las reglas de la ley del 11 de marzo de 1988 relativa a la transparencia financiera de la vida política.14 En Francia, sólo los partidos políticos regidos por la ley del 11 de marzo de 1988 están autorizados a financiar a un candidato para una elección.

Además, con las leyes de 1988 y 199015 no sólo se puso en marcha un sistema de financiamiento público —directo e indirecto— de la democracia (volveremos a eso en el capítulo 5), sino que su financiamiento privado quedó controlado. Por una parte, se legalizaron las donaciones (de individuos y de empresas) a candidatos o partidos políticos; por otra, se limitó el monto de esas donaciones. Así, a finales de la década de 1980, un individuo estaba autorizado a donar hasta 30 mil francos al año (equivalentes a unos 7300 euros actuales, tomando en cuenta la inflación) a un candidato, mientras que una empresa podía donar 50 mil francos (es decir, alrededor de 12 mil euros). En cuanto a las donaciones a partidos políticos, estaban limitadas a 50 mil francos para los individuos y a 500 mil para las empresas. Éstas, por cierto, contribuyeron muy generosamente al financiamiento de la vida política en Francia entre 1990 y 1995.

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