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A nuestro juicio, se trata de un impuesto directo y de carácter real que grava determinados elementos patrimoniales, en el que son sujetos pasivos del impuesto las propias entidades financieras. Dado que, en principio, el objetivo perseguido no era recaudatorio, la Ley estableció un tipo de gravamen del 0% y, además, eximió a estas entidades de la obligación de presentar la auto-liquidación correspondiente si la cuota íntegra, como era el caso, era cero. Sin embargo, el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, estableció un tipo de gravamen del 0,03%, fijando una compensación para aquellas Comunidades Autónomas que ya tenían establecido este gravamen (Extremadura, Canarias, Asturias y Cataluña) y cediendo una parte de la recaudación a las mismas.

En el segundo grupo se deben incluir:

a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se introdujo en 1978 y que se regula, en la actualidad, en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, la cual, a pesar de ser relativamente reciente, ya ha sufrido numerosas modificaciones.