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La ley de referencia que desarrolla el mandato del artículo 119 CE es la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita(LAJG), cuyo desarrollo reglamentario está en el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

El sistema que articula la LAJG descansa sobre los colegios de abogados y procuradores, que son las instituciones que asumen la responsabilidad de organizar las prestaciones en que consiste la asistencia jurídica gratuita y garantizar su prestación, designando al efecto a letrados y asegurando el bien funcionamiento de los servicios que se prestan.

El artículo 22 LAJG es el precepto de referencia y establece que:

«Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios obligatorios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia.

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