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El artículo 6 del RDEGA afirma que la intervención libre e independiente del profesional de la Abogacía es garantía de efectividad del derecho fundamental de defensa. Al respecto, los Colegios de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y el Consejo General de la Abogacía Española deben velar y garantizar la eficacia y correcto ejercicio del derecho de defensa, removiendo los obstáculos que dificulten la intervención libre e independiente del profesional de la Abogacía.

En consecuencia, de acuerdo con dicho precepto, ampararán al profesional de la Abogacía cuando sea inquietado, perturbado o presionado en el ejercicio de su función, asegurando que se guíe exclusivamente por criterios técnicos y profesionales para la mejor defensa de su cliente y en garantía de su derecho constitucional de defensa y de la realización de la justicia.

Asimismo, velarán por remover los impedimentos de cualquier clase que se opongan a la intervención en Derecho de los profesionales de la Abogacía así como para que se reconozca y respete la integridad y exclusividad de su actuación y ejercitarán cuantas acciones redunden en la protección del derecho constitucional de defensa y garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras del ejercicio de la profesión por los profesionales de la Abogacía.