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Los análisis más recientes sobre la influencia de la educación en el crecimiento económico muestran que, además de la cantidad de educación, su calidad es un factor muy destacado. Así, la atención se ha desplazado desde el análisis de los años medios de estudio de la población, como variable explicativa del crecimiento, hacia los resultados de los exámenes –tipo Informe PISA–hechos a los estudiantes, mostrando una relación intensa entre estos últimos y las tasas de crecimiento a largo plazo.

España no se ha mantenido al margen de ese renovado impulso de las tendencias que subrayan el papel del capital humano como elemento fundamental para el crecimiento, habiéndose producido un avance significativo de la escolarización. En la última década, los años medios de estudios de la población mayor de 25 años han igualado al promedio de la Unión Europea, ligeramente superior a los 10 años. Los avances han sido especialmente destacados en la enseñanza universitaria, hasta el punto de que la abundancia de universitarios y la escasa diversificación de la enseñanza superior han generado situaciones de sobreeducación en el empleo. En contraste con el incremento en la escolarización, la evolución del gasto no ha permitido alcanzar magnitudes equivalentes a las de los países comunitarios. A la altura de 2019, el gasto público en educación, expresado como porcentaje del PIB, ascendía al 4,0 por 100 en España, mientras en la UE-27 se situaba en el 4,7 por 100. Como resultado de lo anterior, si bien el gasto por alumno es reducido en términos relativos, los niveles educativos de la población en edad de trabajar han crecido progresivamente, recortando las diferencias que, sin embargo, aún persisten con los países de la Unión Europea (cuadro 2).