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Con la contracción experimentada en el PIB y el aumento de gasto público derivado de las medidas de lucha contra la pandemia, el déficit de las Administraciones públicas en 2020 ha sido de un 10,1 por 100, elevando el monto de la deuda pública sobre el PIB al 120 por 100. En el escenario más propicio de los planteados por el Banco de España, el déficit sería aún de un 3,4 por 100 del PIB en 2023, limitando la capacidad de acción del gobierno. En el escenario menos favorable, podría acercarse en ese mismo año al 6 por 100, llevando la deuda pública hasta el 129 por 100 del PIB.

¿Qué circunstancias determinarían situarnos en ese escenario más desfavorable? Tres obstáculos a la recuperación tendrían que sumarse. En primer lugar, un peor control de la situación sanitaria al esperado. En segundo lugar, un volumen elevado de quiebras y cierres empresariales, con severos efectos sobre la ocupación y también sobre la solvencia de las entidades financieras, todo lo cual repercutiría negativamente sobre la desigualdad de rentas y la pobreza, obligando al gobierno a políticas de gasto público más expansivas. Finalmente, en tercer lugar, la persistencia de actitudes precavidas de la población respecto al gasto, con retraimiento del consumidor o del turista potencial. Factor, este decisivo, pues el ahorro atesorado por las familias, fruto de la contención de sus compras a partir de marzo de 2020 ha sido formidable, por lo que la recuperación de la confianza para adquirir más bienes y servicios se convierte en piedra angular de la reactivación económica.