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Con la prolongación de la pandemia, se ha ampliado el plazo de aplicación de todas estas medidas en diversas ocasiones, aunque su efectividad ha ido disminuyendo, conforme la salud y la supervivencia de las empresas se ha visto amenazada por el aumento de su endeudamiento. Por ello, a comienzos de 2021, con cierto retraso con respecto a otros países, se aprueba un plan para prevenir la insolvencia de aquellas empresas que son viables, sobre todo en los sectores que permanecen aún en «hibernación»: el turismo y las actividades recreativas y de ocio, principalmente. A través de este plan, se ha abierto la posibilidad de convertir los créditos avalados en créditos participativos, así como de que el Estado entre en el capital social de las entidades.

Para proteger el empleo y contribuir al mismo tiempo a la continuidad de las empresas se han utilizado los ERTE, que han introducido por primera vez flexibilidad en el mercado de trabajo español a la hora de responder a una crisis, extendiendo así algo frecuente en otros países europeos. Al ser declarada la pandemia causa de fuerza mayor (y ciertamente lo es), se comenzó por simplificar y agilizar su tramitación, haciendo más fácil y generalizable su utilización: la Seguridad Social se hace cargo de los pagos a los trabajadores, sin que ello compute en el historial como desempleo, y de las cotizaciones a la propia Seguridad Social. En paralelo, se estableció pronto una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos que se ha mantenido después con modificaciones, al igual que la exoneración del pago de las cotizaciones.