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En sucesivas prórrogas de los ERTE, se han establecido mecanismos que favorecen el retorno de los trabajadores a sus puestos de trabajo y se ha ceñido el ámbito sectorial de aplicación de este instrumento a aquellas actividades para las que se han mantenido restricciones de funcionamiento, que fundamentalmente han sido las relacionadas con el turismo, el ocio y el entretenimiento.

Para los colectivos más desfavorecidos y expuestos –aparte de otras medidas de menor alcance–, se aprobó en la primera mitad de 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una novedad en España –no a escala europea, donde casi una veintena de países ya tiene implantada una renta mínima de ese tipo–, de gran importancia. Se trata de un instrumento de garantía de mínimos para afrontar las consecuencias de la crisis, pero también para luchar contra la pobreza crónica y extrema. Se estableció con carácter estructural, si bien las dificultades que implica el acogerse a sus beneficios apoyan la idea expuesta por diversos analistas de que habría sido mejor instrumentarlo como un programa temporal, con la expresa vocación de servir como laboratorio para el mejor diseño de un programa permanente.

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