Читать книгу Autonomía, dependencia y servicios sociales онлайн

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La Unión Europea ha previsto una estrategia en recursos humanos para impulsar la diversidad y la inclusión, también en lo referente a la discapacidad. Además de la mejora de la accesibilidad en los edificios, entornos digitales y comunicaciones (European Commission, 2021).

En España, como en Europa, se viene trabajando en materia de discapacidad desde los años 80. Ya en 1982 se aprueba la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), que reguló el sector. La Ley 16/1990 reguló las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

En la década siguiente tuvieron lugar en España más avances, como la aprobación de la Ley 18/1991 que permitía a las familias que tuvieran algún mayor ascendiente acogido, una deducción. Y la Ley 40/1998, de reforma del IRPF, que actuó directamente sobre la base del impuesto, prestando una mayor atención fiscal a una familia cuando dedicaba ayuda y cuidados de larga duración a alguno de sus miembros. Cuando el mayor discapacitado contaba con ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional el sujeto pasivo aumentaba el mínimo familiar, exento en una cuantía diferente dependiendo del grado de minusvalía. La Ley 39/1999ssss1 facilitó a los trabajadores ocuparse de los familiares dependientes, siguiendo al mismo tiempo con la actividad desempeñada en el mercado laboral a través de excedencias y reducciones en la jornada (Castón y Ramos, 2006).