Afirmar por enésima vez que, en los últimos años, ya décadas, hemos presenciado una revolución tecnológica sin precedentes que ha venido para quedarse y extenderse a cada vez más parcelas de la vida en sociedad corre el riesgo de terminar convirtiendo en tópico una afirmación radicalmente cierta y de consecuencias profundas y complejas para el Derecho en general y para la Administración Pública en particular.

El objeto de este trabajo, consistente en analizar someramente las relaciones que cooperativas y sociedades laborales mantienen con una Administración Pública ahora electrónica en su actuación, es infinitamente menos pretencioso. Ni el tiempo disponible ni la extensión recomendada permiten otra cosa. No obstante, con carácter introductorio, parece deseable enmarcar el análisis de ese pequeño detallessss1 en la totalidad de un cuadro todavía en esbozo con la única intención de ampliar el horizonte mental del lector y sustraer momentáneamente su atención de los entresijos burocráticos a los que se volverá en breve, siempre con mente jurídica, dado que la elección del tema no es baladí.