Читать книгу Digitalización de la actividad societaria de Cooperativas y Sociedades Laborales онлайн

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Aquí es donde debemos detenernos para recordar dos ideas basilares antes de centrarnos en nuestro objeto, la relación de las personas jurídicas con la Administración electrónica.

En primer lugar, ha de tenerse presente que, pese al cambio profundo que la incorporación de las nuevas tecnologías representa, con una modernización que se supone redundará en mayor eficacia y eficiencia, en ningún caso puede significar una merma de garantías jurídicas del administrado/justiciable, ya sea persona física o jurídica. Es en ese enfoque propiamente jurídico en el que el jurista debe focalizar su atención de forma prioritaria. Esto bien podría parecer una obviedad, pero en ocasiones la tentación es desviar la mirada a los problemas técnicos que la digitalización implica y que fascinan y deslumbran al estudioso y al aplicador del Derecho.

En segundo lugar, el jurista debe evitar la seducción de la Ciencia, la falacia de una certeza que anhela y cree encontrar en la Tecnología y que ésta no siempre está en disposición de prestar. Algún renombrado autor ya ha advertido de “la soledad del Derecho”ssss1 para recordar que éste, a diferencia de la Ciencia, no puede mantenerse en la incertidumbre, que los órganos administrativos y judiciales deben decidir y adoptar necesariamente una decisión cuando se les somete un asunto para resolución. Ante el avance de tecnológico, es necesario recuperar los espacios propios de la decisión jurídica, así como recuperar sus valores y referencias, pues “a pesar de que las autoridades y poderes públicos han venido cediendo por una u otra vía espacios de decisión que han quedado bajo la total influencia de la ciencia, lo cierto es que las decisiones adoptadas se imputan a los órganos jurídicos y no a los dictados científicos que han influido sobre ellos”ssss1. Al pretender recostarse exclusivamente en la Ciencia, el Derecho se aparta de su esencia decisoria. Ahora más que nunca es necesario articular un sistema de referencias en el que fundamentar sus decisiones. No solamente es necesaria una nueva Ética para la sociedad tecnológica, sino también un marco legal y jurisprudencial que sustente las decisiones adoptadas por los poderes públicos en situaciones de incertidumbre jurídica.