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Sin perjuicio de nuestra propia experiencia en el campo de la reconversión de sectores industriales en crisis, incluidos algunos de los ahora afectados por la transición hacia la neutralidad climática y, por consiguiente, en la gestión de problemas análogos, puede situarse el comienzo, al menos desde un punto de vista formal, de la política española en materia de “transición justa”, en el sentido que aquí nos convoca, con la adopción por el Consejo de Ministros en febrero de 2019 del llamado “Marco Estratégico de Energía y Clima”ssss1.

Ciertamente, no cabe por menos que reconocer el mérito del Gobierno español al situar en una fecha temprana, anterior como puede verse a la Comunicación sobre el Pacto verde europeo, la problemática de la transición justa en el corazón mismo de su estrategia completa en materia de transición energética, con invocación de los referentes internacionales ya mencionados y calificando, no sin razón, a esta iniciativa como “pionera”ssss1.