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En todo caso, la pluralidad de grupos de interés que concurren en torno a la puesta en marcha de dispositivos de RSC tiene el valor de evidenciar que la realización de la misma no es posible sino a partir de una cierta flexibilidad por parte del Derecho y de las administraciones, en el sentido de permitir un cierto espacio autorregulativopara la concreción de los compromisos que puedan adquirirse por cada organización.

El análisis de la RSC desde una perspectiva ambiental nos lleva, finalmente, a la consideración somera de los principales instrumentos al servicio del logro de estos objetivos por parte de la organización, debiendo diferenciar entre los que proceden del ámbito de la empresa en sentido más estricto, de aquellos otros que, de alguna forma, han sido objeto de una cierta publificación. En cualquier caso, se trata de dispositivos de carácter complementario y no excluyentes, en consonancia con los caracteres definidores de la RSC.

Así, desde la perspectiva mercantilista, he de referirme a instrumentos que han introducido la protección del medio ambiente como una parte de la cuenta de resultados, y en los que resulta fundamental el grado de aceptación que han alcanzado determinados indicadores, cuya generalización permite reconocer un nivel de normalización importante. A ello se suman los instrumentos procedentes del Derecho Ambiental que la doctrina reconoce como manifestaciones de la RSC, en un marco más amplio como el que representa el principio ambiental de responsabilidad compartida o el más genérico de cooperación.