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Junto a ello, desde la UE hay un especial interés porque las Administraciones incorporen también en su funcionamiento planteamientos de RSC, de forma que también sean sujetos activos en su implantación, mediante su adhesión a los diferentes instrumentos. De nuevo, la innovación en este aspecto viene del derecho autonómico, que, a través de sus leyes de Responsabilidad Social, establece un mandato de gestión pública socialmente responsablessss1. Por tanto, y ello es lo que interesa destacar, la RSC no es una cuestión exclusivamente privada, ni pública, sino que puede ser objeto de integración por entidades de una u otra naturaleza, siendo preferible el uso de un vocablo amplio como el de organización, frente al más limitado de empresa.

Por último, en cuanto al sujeto activo de la RSC, una característica de la misma es la necesidad de que ésta se interiorice en la sociedad u organización desde el nivel de directivos hasta el escalón laboral más básico, implicando a todos los miembros de la misma. De esta forma, la RSC ofrece una integración interna que no puede desdeñarse desde una cierta perspectiva ética que juega a favor del logro de compromisos sociales y ambientales. De hecho, esta es una característica presente en ciertos dispositivos de RSC, como el Sistema EMAS, al que luego me referiré.

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