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En esta línea, se sitúa, asimismo, la reforma operada, en el ámbito mercantil, por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se ha modificado el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas en materia no financiera y diversidad (BOE núm. 314, de 29 de diciembre), para regular la obligación de dar información sobre materias “no financieras” como los aspectos ambientales y sociales de la empresassss1.

Con todo, la ordenación fundamental de la RSC llega de la mano de las leyes autonómicas aprobadas en esta materia, habida cuenta que desde la UE se considera fundamental el desarrollo de políticas nacionales y subnacionalesssss1. En este sentido, tanto la Ley 5/2010, de 9 de diciembre, de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadurassss1 como la Ley 18/2018, de 13 de julio, de Fomento de Responsabilidad Social de la Comunitat Valencianassss1 son ejemplos de un paso más en la consolidación de la RSC, y de la conveniencia de contar con una ordenación general de la misma en orden a dotar de perfiles propios tanto la aludida actividad de fomento que corresponde a las Administraciones Públicas, como la de garantía de transparencia y fiabilidad de la información que han de proporcionar los instrumentos aplicablesssss1.