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De un lado, desde la Comunicación de la Comisión La Responsabilidad Social de las Empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible, los poderes públicos tienen claramente una labor de promoción de la RSC. Por tanto, el fomento de la misma se convierte en la manifestación jurídica clave respecto de este fenómeno, frente a instrumentos de orden y control.

En íntima conexión con esta función, uno de los objetivos del marco europeo ha sido proporcionar una cierta sistematización de los instrumentos o herramientas disponibles para implementar acciones de RSC. Se consideran, así, los códigos de conducta, las normas de gestión, auditorías y elaboración de informes, etiquetas o la inversión responsablessss1. Se trata de una panoplia de instrumentos que se sitúan, claramente, en el ámbito de la autorregulación, pero respecto de la cual la aprobación de normas jurídicas reguladoras de los mismos o del espacio que puede corresponderles contribuye a darle estabilidad y seguridad en su aplicaciónssss1, creándose un modelo complementariossss1. Ello explica, a mi juicio, la relevancia de la contratación pública para incentivar la aplicación de dispositivos como los sistemas de gestión ambiental o el etiquetado ecológico por las organizacionesssss1, que, de esa forma, ven recompensadas la integración de compromisos ambientales en su gestión.