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En mi opinión, es posible afirmar que el papel del derecho no es regular la RSC, ni siquiera como un instrumento de protección ambiental (en lo que a este Trabajo interesa), puesto que ello podría generar el efecto no deseado de incrementar los costes de las empresas, especialmente en relación con un posible aumento de cargas burocráticas y administrativas, desincentivando la consecución de objetivos ambientales que se ya se han señaladossss1. Antes al contrario, la RSC tiene como punto de partida el hecho de que la empresa acredita el estricto cumplimiento de la legalidad, en términos de intervención o de instrumentos de orden y controlssss1, por lo que, en lo que a la protección ambiental se refiere, la RSC conecta directamente con el principio de responsabilidad compartida ya mencionado, por la aplicación voluntaria de instrumentos que acreditan un nivel de calidad ambiental mayor, de forma que no es admisible incorporar un nivel de cargas desproporcionado, evitando, así, una situación de “sobrecumplimiento normativo”ssss1.