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De otro lado, la UE, ante las acciones que una organización implementa en desarrollo de su política de RSC queden formalizadas, otorga una relevancia especial a las garantías de transparencia que el derecho pueda crear, lo que constituye otro ámbito en el que, de forma natural, es posible la regulación e, incluso, la imposición de deberes cuyo incumplimiento generará responsabilidad en planos muy diversosssss1. En este sentido, puede reconocerse la creación de todo un marco jurídico relativo a la fijación de estándares a partir de los cuales supervisar y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la organización, destacando muy especialmente la regulación orientada a la imposición de obligaciones de información no financiera a las empresasssss1. Se trata, como se ha señalado, de dotar de transparencia y seguridad jurídica el análisis de los impactos que la entidad empresarial pueda tener sobre aspectos sociales, éticos o ambientalesssss1.

A este marco se suman otros instrumentos de softlawcomo la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de octubre de 2014ssss1; o los códigos generados en el marco de la autorregulación, destacando el Código de Gobierno de la Empresa sostenible (de Pricewaterhouse) o las Normas de Gestión ética (de Aenor)ssss1, aprobados por entidades privadas concretas, lo que evidencia que las empresas tienen capacidad para diseñar o dotar de contenido la RSC que están dispuestas a implementarssss1.

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