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En mi opinión, la funcionalidad del derecho en general, y del derecho público, en particular, depende de las tareas que puedan asumir los poderes públicos y, muy especialmente, las Administraciones en relación con la consolidación de la RSC como instrumento al servicio, entre otras cuestiones, de la protección ambiental. Por tanto, resulta fundamental que las normas se ocupen de aquellos aspectos que, en el fondo, garanticen la fiabilidad y conocimiento de la RSC asumida por cada empresa u organización, orientándose a establecer cuestiones tan diversas como los mecanismos de garantía de la transparencia o el incentivo y apoyo de instrumentos realizadores de la RSC, o una supervisión indirecta, mediante la acreditación de entidades intermedias que revisen directamente a las empresas. A ello me referiré en el siguiente epígrafe, tratando de analizar la operatividad de la RSC en su relación con el medio ambiente.