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En este sentido, la doctrina mercantilista señala que la RSC suele tener un ámbito natural de desarrollo en las Sociedades Anónimas. Es más, las principales iniciativas que se han desenvuelto en torno a la ampliación del interés social de las sociedades, o al buen gobierno de las mismas, estrechamente ligada a exigencias de información y transparencia por parte de los administradores, se han planteado en el entorno de las sociedades capitalizadasssss1. No obstante, parece que el planteamiento de la RSC también tiene cabida e, incluso, parece una consecuencia lógica de su estructura en los casos de mutuas y sociedades cooperativas, si atendemos a las características y posición que corresponde a los socios. De hecho, las Leyes autonómicas sobre Responsabilidad Empresarial no resultan particularmente restrictivas en la comprensión de la empresa que quiera optar por la RSC, bastando que la entidad desempeñe su actividad en el territorio autonómico correspondiente.

En este sentido, el principal escollo para la generalización de la RSC desde el punto de vista subjetivo estriba en la diferente capacidad que tienen las empresas, al margen de su forma de constitución, para asumir planteamientos de RSC, teniendo en cuenta factores como su tamaño o el tipo de actividad que se realice. Basta pensar en la complejidad del Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental (EMAS) regulado por Reglamento (UE) de 2009, y en lo complicado que el mismo puede resultar para una pequeña empresa, teniendo en cuenta los flujos de información que se generanssss1.