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En este sentido, y sin perjuicio de lo que se dirá a continuación, ambas normas insisten en la relevancia de que la RSC forme parte de las políticas públicas, y en que las Administraciones se constituyan tanto en emisoras como en receptoras de las políticas de fomento de la RSCssss1. Al respecto, las leyes consideradas dan carta de naturaleza a este deber de fomento de las Administraciones, perfilando los instrumentos a los que recurrir, y, sobre todo, instaurando un procedimiento por el que sea posible el reconocimiento de una organización como socialmente responsable, su inscripción en registrossss1 y la posibilidad de disfrutar de determinadas ventajas por efecto de este reconocimientossss1.

En definitiva, lo expuesto nos lleva a afirmar que no puede hablarse de una regulación en sentido estricto de la RSC (excepción hecha de las normas autonómicas a las que acabo de referirme), sino de parámetros de RSC en el marco de diferentes iniciativas cuya naturaleza jurídica es diversa, evidenciando el papel limitado del derecho en lo que toca a esta materia.