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El primero introdujo la obligación de incorporar información ambiental en las cuentas anuales. Así, a modo de ejemplo, la Nota 6, relativa al “inmovilizado inmaterial” establece que “en particular, se informará sobre los activos destinados a proyectos de ahorro y eficiencia”. Por su parte, la Resolución de 2002 dispone que la imagen fiel de la empresa debe incluir “las responsabilidades ambientales que la empresa contrae” y valorarse “las actuaciones para prevenir, reducir o reparar daños sobre el ambiente, determinadas por normas legales o expectativas creadas frente a terceros”. Además, en la memoria anual, en relación con la situación fiscal de la empresa, deberán incluirse “informaciones sobre las deducciones por inversión en medidas para reducir el impacto ambiental”ssss1.

Finalmente, tratándose del Sector Público, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible dedica una parte de su articulado a establecer algunas pautas de comportamiento de las empresas, vinculadas a buen gobierno de las sociedades y la sostenibilidad de empresas del sector público. En particular, destacaría el art. 27, en cuya virtud se establecen los principios de buen gobierno corporativo y adecuada gestión en relación con la remuneración de los directivos (remitiendo a los principios de buen gobierno aceptados internacionalmente); el art. 35.1 sobre sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas (en el marco de un Capítulo dedicado a la sostenibilidad financiera de empresas del sector públicossss1); y el art. 39, ya mencionado con anterioridad, en relación con la promoción de la responsabilidad de las empresas por las Administraciones Públicas, y la concreción de los parámetros a partir de los cuales diseñar y medir la RSCssss1.