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El valor del EMAS estriba, en definitiva, en la capacidad que tiene de involucrar a sujetos diversos a la propia organización que lo implanta, produciendo un efecto dominó deseable en el marco de la RSC, y, además, en la flexibilidad con la que las empresas pueden plantearse objetivos de gestión ambiental, a la medida de su situación de partida de estricto cumplimiento de los instrumentos ambientales obligatorios, con garantías suficientes de transparenciassss1

Con todo, no pueden obviarse algunas carencias que la doctrina ambientalista ha puesto de manifiesto: en primer lugar, el EMAS puede sufrir una cierta competencia desleal, si se me permite la expresión, por parte de otros sistemas de gestión ambiental ya citados, y que son menos rigurosos en la difusión de información, generando una situación de desigualdad entre unos y otros, que dificulta la generalización del EMAS, pese a su carácter de instrumento de protección ambiental de carácter jurídico-público. Por otro lado, en la medida en que los procedimientos de inscripción en el registro y designación del organismo competente caen en el ámbito de las competencias de desarrollo y gestión del medio ambiente de las Comunidades Autónomas, encontramos un diferente grado de desarrollo normativo que también resta contundencia a la consolidación de la técnica que comentamos. Idéntica situación se plantea en relación con el grado de institucionalización del fomento como parte de la actividad que las Administraciones han desempeñar en torno al EMAS, lo cual frustra las exigencias de fomento señaladas en apartados anteriores.