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En segundo término, y por efecto de lo anterior, es necesario que los controles estén suficientemente acreditados para generar la confianza a la que antes me refería. Esto es lo que justifica, a mi juicio, la intervención del derecho en el ámbito de la RSC, en el sentido de crear las garantías suficientes o válvulas de seguridad para poder otorgar efectos jurídicos a las actuaciones llevadas a cabo por las empresas en el marco de la RSC, de forma que las mismas trasciendan el ámbito interno de las empresas.

Desde esta última perspectiva, la necesaria voluntariedad de los dispositivos examinados no debe ser un obstáculo para la regulación jurídica, incluso desde el Derecho Administrativo, dado que la responsabilidad de tutelar el medio ambiente es compartida entre los ciudadanos y los poderes públicos, de acuerdo con el art. 45 CE.

Si estas ineficiencias de la RSC se superan, no puede desconocerse la relevancia de la misma para consolidar la transparencia empresarial, como medio que asegura un comportamiento proactivo de las mismas en relación con la protección del medio ambientessss1, reflejando, así, un cierto posicionamiento ético de las organizacionesssss1. A ello debe sumarse que el mercado es un ámbito en el que es posible conseguir un objetivo de carácter general como el que representa la protección ambiental, y ello sin perjuicio de las posibilidades de fomento o incentivo que pueda corresponder a las Administraciones.