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Sin duda, las iniciativas de la UE en este ámbito (y las regulaciones más recientes en el nivel interno de nuestro país) evidencian que la RSC es una herramienta fundamental al servicio de objetivos globales, en los que la protección ambiental debe tener un lugar principal. Desde esta perspectiva, la RSC representa la vanguardia del derecho ambiental.

Sin embargo, del análisis de los rasgos caracterizadores y de los instrumentos de implementación de la misma por las organizaciones, surgen algunos déficits que, en mi opinión, suponen que la configuración de la RSC como cauce para la consecución de objetivos de calidad ambiental debe estar en permanente construcción, de acuerdo con las exigencias y valores sociales de cada momento.

Así, en primer lugar, es claro que existe un riesgo de que la RSC no sea más que una estrategia de marketing de las empresas, en la que, en cierto modo, los objetivos ambientales se atienden “en fraude de ley”. A mi juicio, este aspecto pone de manifiesto la importancia de la calidad de la información que se proporciona y el hecho de que se articulen garantías suficientes para confiar en la fiabilidad y veracidad de la información ambiental que se genera (baste pensar en escándalos como el de Volkswagen y los controles aparentemente fiables por los que los vehículos pasabanssss1).