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Partiendo del reconocimiento de lo anterior y de los enfoques que supra analizamos, en nuestra opinión, el esquema preventivo de la misma, guarda más vinculación con la prevención de base local o comunitaria, de desarrollo social y de reintegración. En efecto, la Convención apuesta por la materialización de derechos fundamentales en los menores, por lo cual potencia instrumentos que van en la línea de lograr una cohesión social, reconociendo al menor como miembro fundamental de la mismassss1. En esta medida, apuesta por políticas como la necesidad de proporcionar ayuda y facilidades en su formaciónssss1 o estrategias que le ayuden en su rehabilitación, en caso de que entrase en el sistema penalssss1.

En razón de lo anterior, la prevención de situaciones propicias al delito, al tenor de la Convención, no tendría que ser la apuesta fundamental de los Estados respecto a la delincuencia juvenil, dado que éstas se enmarcarían más en un tema de control que desplazaría la apuesta por el trasfondo del problema. Sólo en la medida en que se de una apuesta importante por la seguridad de los derechos de los menores, se genera espacios que evitan situaciones propicias respecto al delitossss1.