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Con relación a los medios de comunicación, se plantea la prioridad de que en éstos se “reduzcan al mínimo el nivel de pornografía, drogadicción y violencia en sus mensajes y den una imagen desfavorable de la violencia y la explotación, eviten presentaciones degradantes especialmente de los niños, de la mujer y de las relaciones interpersonales y fomenten los principios y modelos de carácter igualitario” (No. 43). En cuanto a la política social, se indica que los organismos gubernamentales deberán asignar una elevada prioridad a los planes y programas dedicados a los jóvenes, siendo particularmente importante los vinculados con la prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol (No. 45). Finalmente respecto a la legislación y administración de justicia, se establece la necesidad de que se impida la promulgación de normas en las que se sancionen conductas en menores que no sean consideradas delictivas en adultos, en aras de evitar la estigmatización, victimización y criminalización de los jóvenes (No. 56).