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Es decir, una ley que restrinja derechos individuales o pretenda sanciones por hechos cometidos con anterioridad a su publicación, es inconstitucional y, por tanto, la comisión de dichos hechos no puede ser castigada.

Por su parte, el art. 10 del CP indica que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley, en tanto que el art. 12 establece que las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley.

Por tanto el proceso penal tan solo puede tener por objeto un hecho que revista los caracteres de infracción penal y que sea punible.

Hay que subrayar que son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. Los actos preparatorios sólo son punibles cuando así estén tipificados en la parte especial, así como los delitos cometidos por imprudencia.

Es posible la incoación de procesos penales que no responden a un hecho delictivo. Precisamente, una de las finalidades de la instrucción en el proceso penal es la de esclarecer los hechos y si, como consecuencia de la actividad de investigación, se determina que esos hechos no son constitutivos de delito, procede decretar el sobreseimiento de la causa, siguiéndose un proceso sin delito.