Читать книгу El delito fiscal en el Código Penal español онлайн

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El bien jurídico protegido podría ser la recaudación tributaria –en un sentido amplio– o la recaudación tributaria de cada figura tributaria –en un sentido estricto–, o el interés público y constitucional de que se cumpla el mandado establecido en el artículo 31 de la Carta Magna, ordenando un sistema tributario justo, en virtud del cual “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos (…)”, si bien, estableciéndose un umbral mínimo tipificado 120.000 euros de cuota defraudada. Ciertamente, hallamos multitud de tesis divergentes entre sí que se posicionan a la hora de determinar el objeto de la tutela de los delitos de defraudación tributaria, cuestión esta que no resulta baladíssss1. Se encuentran tesis vinculadas a la función del tributo o recaudaciónssss1, las cuales han sido minoritarias frente a las que ofrecen una orientación de contenido patrimonialssss1, por lo que podemos afirmar que el bien jurídico es el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través del sistema tributario en armonía con el principio de solidaridadssss1; el interés concretado en la “efectiva, completa, exacta y puntual”ssss1 recaudación tributaria, o como señala el Tribunal Supremo, el “patrimonio de la Hacienda Pública en su manifestación relativa a la recaudación tributaria”ssss1, o de patrimonio públicossss1, entendido desde una óptica funcional, que permita garantizar el cumplimiento del artículo 31 CE.