Читать книгу Derecho Social a la Convergencia. La construcción de la Sociedad de la Información онлайн

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En este orden, cabe apreciar que, sin perjuicio de que la etapa descripta por Galperín es la de los comienzos de la televisión, en los años 50, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, contiene buena parte de los principios de este modelo regulatorio. Por caso, el Estado concede licencias a los actores privados, a través de procesos concursales o adjudicaciones directas; y autorizaciones a las entidades públicas para operar estaciones de radiodifusión. También se consagra una política fuertemente regulatoria en materia de contenidos de la programación y se establecen cuotas de pantalla para el fomento de producciones locales y música nacional. El esquema de financiamiento de la radio y televisión, que refiere el citado autor, tiene lugar en la Ley 26.522. Por último, si bien los servicios de radiodifusión no son considerados servicios públicos por la Ley 26.522, su categorización como servicios de interés público determina que una profusa regulación recaiga sobre ellos.