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– Entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo, hasta un límite de 12.000 euros anuales para las entregadas a cada trabajador en su conjunto, siempre que la oferta se realice en las mismas condiciones a todos los trabajadores de la empresa, y siempre que los títulos se mantengan durante al menos tres años.

La Ley 2/2011 condicionó el disfrute de la reducción a que dichas opciones no se concedieran anualmente, aplicándose el requisito retroactivamente. En la STC 121/2016, de 23 de junio (RTC 2016, 121), el Pleno del Tribunal Constitucional declaró que la aplicación de la condición a los ejercicios incluidos entre 2004 y 2010 es inconstitucional y nula, al afectar el referido requisito a situaciones plenamente consolidadas, lo que conlleva la aplicación de una retroactividad en grado máximo, que vulnera el principio de seguridad jurídica.

Determinado el concepto, debe procederse a la valoración de las retribuciones en especie.