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En sus orígenes, este Impuesto se configuraba como una especie de permiso necesario para el ejercicio de las distintas actividades –empresariales, profesionales, artísticas, etc.– que tributaban, cada una con un impuesto diferente pero de idéntica estructura, pues se gravaba, por un lado, el mero desarrollo o ejercicio de la actividad –sobre la base de un beneficio presunto no solo en su cuantía, sino en su misma existencia, el cual era estimado por sistemas indiciarios– y, por otro, el beneficio obtenido en el desarrollo de la actividad. Con ocasión de la reforma de 1977, los impuestos sobre la renta absorbieron la tributación de los rendimientos o beneficios, y las llamadas «cuotas de licencia fiscal» pasaron a configurar el Impuesto de Actividades Económicas, el cual fue cedido a los Municipios (aunque estos ya eran los beneficiarios de su producto antes de la reforma).

Por su parte, las Corporaciones provinciales tienen establecido en su favor un recargo sobre el IAE de hasta el 40 por 100 de las cuotas correspondientes a dicho Impuesto de los Ayuntamientos incluidos en su ámbito territorial.

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