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Sin entrar en cuestiones de concepto, entendemos aquí por imposición indirecta el conjunto de impuestos que gravan el consumo y el tráfico de bienes y servicios, se produzca este tanto en el ámbito de una actividad empresarial como entre particulares, y tanto en el mercado interior (que engloba el espacio aduanero común dentro de la UE) como en el mercado internacional.

Aunque la imposición indirecta abarca una amplísima gama de manifestaciones de capacidad económica que los hace necesarios y convenientes en el conjunto del sistema impositivo, la valoración que se ha realizado de tales impuestos a lo largo de la historia de la Hacienda ha sido diversa, si bien en el momento actual esta imposición no es objeto de un fuerte rechazo, ni social, ni teórico, y a ello se debe que, cada año, venga a cobrar un mayor relieve en los presupuestos generales de los entes públicos. Esto puede explicarse por cuanto los impuestos indirectos han evolucionado técnicamente de forma que se han eliminado muchos de los defectos que, en otras épocas, les fueron imputados. Así, los impuestos sobre consumos se han trasformado en impuestos generales y sus efectos de acumulación de la carga fiscal total han dejado de producirse, manteniéndose una cierta proporcionalidad respecto del último precio de mercado de los bienes y servicios que se sujetan al impuesto.