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Por su parte, la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, vino a establecer nuevos impuestos especiales de carácter ambiental orientados a servir de estímulo a la mejora de nuestros niveles de eficiencia energética y asegurar una mejor gestión de los recursos naturales. Estos impuestos son: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas y el Canon por Utilización de las Aguas Continentales para la producción de energía eléctrica.

Las cuatro figuras mencionadas tienen también, indudablemente, una clara finalidad recaudatoria, en unos momentos en los que ya se han elevado los tipos de gravamen de los tributos más significativos de nuestro sistema.

Junto a las anteriores, y como impuesto clave en el ámbito de la imposición indirecta patria, se encuentra el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el cual engloba, en su seno, tres figuras de diverso alcance: las Transmisiones Patrimoniales Onerosas, las Operaciones Societarias y el gravamen sobre los Actos Jurídicos Documentados.