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Los problemas de delimitación del ámbito de aplicación de cada uno de los impuestos indirectos, para que no se solapen entre sí o se creen espacios que puedan calificarse de lagunas técnicas, tienen fundamentalmente dos vertientes. La primera se centra en la conexión existente entre el Impuesto sobre el Valor Añadido y los demás impuestos, y la segunda en torno al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y, asimismo, los restantes impuestos.

Finalmente, y como cierre al cuadro de la imposición indirecta interior, debe hacerse mención, como impuestos de reciente creación que responden asimismo a la búsqueda de nuevos nichos impositivos, por un lado, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y, por otro, el Impuesto sobre Transacciones Financieras.

En lo que concierne al primero, el mismo procede a gravar las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en territorio español. Por su parte, y en lo relativo al segundo, este último somete a imposición, con independencia del lugar donde se produzca, la adquisición a título oneroso de acciones representativas del capital social de sociedades de nacionalidad española siempre que aquellas se encuentren sometidas a negociación en un mercado regulado y que el valor de capitalización bursátil de la respectiva sociedad sea, a 1 de diciembre del año anterior a la adquisición, superior a 1.000 millones de euros.