Читать книгу Régimen jurídico de la actuación administrativa. Volumen I. Acto y procedimiento; contratos; jurisdicción contencioso-administrativa онлайн

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No es nada fácil gestionar una crisis de esta envergadura cuando se ignora casi todo de sus causas y sus consecuencias. Desde luego, es una situación excepcional, pero eso no significa que tengan que serlo todas las medidas de prevención y reacción que se adopten. Aquí se ha actuado con una declaración del estado de alarma, en principio justificada, aunque no lo estén todas las restricciones impuestas a su amparo, y a golpe de Decretos-leyes ómnibus (tanto como en las viejas leyes de acompañamiento), cuyas piezas forman un puzzle de imposible encaje, para desesperación de profesionales, funcionarios y jueces. El abuso del Decreto-ley venía de atrás, pero se ha exacerbado en tiempos de pandemia, reduciendo al Congreso de los Diputados y los Parlamentos autonómicos al papel de meros convalidadores de las ocurrencias del Gobierno respectivo. La justificación de la urgencia se ha estereotipado, copiando párrafos enteros de sentencias del Tribunal Constitucional y sirve lo mismo para un roto que para un descosido. A ese tronco común se añaden algunas pinceladas (no muchas) sobre los contenidos específicos. Por Decreto-Ley se han adoptado decisiones verdaderamente urgentes junto a otras que no lo eran en absoluto (como el traspaso a la Seguridad Social del régimen de clases pasivas de los funcionarios)ssss1 y se han modificado normas reglamentarias (con deslegalización simultánea), lo que puede hacer el Gobierno sin problema alguno en ejercicio de su potestad reglamentaria. Esta es otra anomalía que venía de atrás y que parece haberse instalado definitivamente al socaire de la legislación motorizada dictada para combatir la pandemia. Ley y reglamento tienen su función como fuentes del Derecho y, aunque la ley pueda regular cualquier materia, no se deberían considerar intercambiables ni aprobar con rango de ley normas reglamentarias que lo siguen siendo. También en el ámbito autonómico se ha abusado del Decreto-Ley, utilizándolo para modificar leyes que, en principio, nada tienen que ver con el virus, como las urbanísticas.