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Esta tipificación planteaba problemas desde el punto de vista del respeto al principio de tipicidad en materia sancionadora, ya no solo porque se trataba de normas en blanco, sino porque además no admitía matices ya que tienen tales incumplimientos el carácter de muy graves –por deliberados y persistentes– o bien son leves los meros incumplimientos de los deberes que la profesión impone –y que también están en el CDAE–, existiendo una evidente desproporción en la sanción a imponer en uno y otro caso.

No obstante, así y todo las dificultades apuntadas, la práctica y la propia jurisprudencia ha avalado el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de los órganos competentes colegiales, pues como indicara la STC 69/1989, de 20 de abril, «... si bien los preceptos, legales o reglamentarios, que tipifiquen las infracciones deben definir con la mayor precisión posible los actos, omisiones o conductas sancionables, no vulnera la exigencia de lex certa que incorpora el art. 25.1 de la Constitución la regulación de tales supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos indeterminados, siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia y permitan prever, por consiguiente, con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada, pues, como ha declarado este Tribunal en reiteradas ocasiones (STC 62/1982, de 15 de octubre, ATC 703/1985, de 16 de octubre, entre otras resoluciones), dado que los conceptos legales no pueden alcanzar, por impedirlo la propia naturaleza de las cosas, una claridad y precisión absolutas, por lo que es necesario en ocasiones un margen de indeterminación en la formulación de los tipos ilícitos que no entra en conflicto con el principio de legalidad, en tanto no aboque a una inseguridad jurídica insuperable con arreglo a los criterios interpretativos antes enunciados» (FJ 1).