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La falta de Abogado y Procurador conlleva la imposibilidad de que pueda tenerse por formulado el recurso de amparo. No obstante, se trata de una exigencia subsanable.

A este respecto conviene informar que el Tribunal Constitucional puede imponer las costas derivadas de la tramitación del proceso de amparo a quienes hayan mantenido posiciones no fundadas o con temeridad o mala fe.

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2.4. Presupuestos procesales

La existencia de una resolución judicial causante de la violación de un derecho fundamental constituye el objeto específico del recurso de amparo, puesto que es necesario que la violación del derecho fundamental sea atribuida, de manera directa, a un órgano judicial, cuya resolución ha de ser definitiva y firme, es decir, debe haberse agotado la vía judicial ordinaria y no debe existir la posibilidad de interponer recurso alguno.

Se debe por tanto dar la oportunidad a los órganos judiciales ordinarios de pronunciarse sobre la eventual vulneración y, en su caso, restablecer el derecho constitucional en sede jurisdiccional, de forma que la jurisdicción constitucional tiene un carácter subsidiario.

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