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La acción para acudir en amparo al Tribunal Constitucional es personalísima lo que impide que sea ejercida por persona distinta a la de su titular, salvo en los casos de representación (menores o incapaces).

Junto al reconocimiento de la legitimación para recurrir a las personas físicas y jurídicas, el Tribunal Constitucional también se la ha reconocido a determinadas entidades representativas de intereses colectivos como ha sucedido, por ejemplo, con las organizaciones sindicales, con los Colegios oficiales o con entidades asociativas.

Quienes quieran interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional deberán actuar bajo la dirección de un Abogado y conferir su representación a un Procurador, aun cuando en el proceso judicial previo hayan estado defendidos y representados por un Abogado. Se ha de indicar no obstante que el artículo 81 de la LOTC señala que podrán comparecer por sí mismas, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan título de Licenciado en Derecho aunque no ejerzan la profesión de Procurador o de Abogado.