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La doctrina del Tribunal Constitucional ha acuñado el denominado «recurso de amparo mixto», que se produce cuando concurren dos tipos de denuncias por vulneración de los principios y derechos susceptibles de recurso de amparo. Una cuyo origen se encuentra inicialmente en la Administración y otra que se imputa a la posterior actividad judicial fruto de la impugnación de la resolución administrativa.

Por consiguiente, podemos concluir afirmando que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional permite reaccionar frente a las violaciones de los derechos fundamentales y libertades públicas que sean originadas por disposiciones, actos, decisiones, resoluciones, omisiones o simple vía de hecho, de los poderes públicos del Estado, de las Comunidades Autónomas, así como de los demás entes de carácter territorial, corporativo o institucional, y de sus funcionarios o agentes.

A través del recurso de amparo constitucional sólo se puede exigir la preservación o el restablecimiento de lesiones concretas y efectivas de derechos o libertades.