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La concreción más evidente en el seno de estos derechos es el Recurso de Amparo, cuyo conocimiento y resolución se atribuye por parte del art. 161.1.b) al Tribunal Constitucional, y que supone una de las principales competencias de esta especial jurisdicción. Su específica regulación se encuentra en la L.O. 2/1979 de 3 de octubre.

↔ [Véase recurso de amparo 4/885 y ss.]

Así, dicho recurso se configura como la pieza final interna del sistema de garantía de los derechos y libertades fundamentales. El art. 53.2 CE, al referirse a los instrumentos de protección, establece que «cualquier ciudadano podrá en su caso, recabar la tutela del TC a través del recurso de amparo». Este recurso de amparo tiene por tanto un carácter extraordinario, por cuanto es deducible sólo para la protección de los derechos y libertades fundamentales, y más en concreto, para los reconocidos en la sección 1.ª del capítulo II, del título I.

En cuanto al procedimiento para la protección, la especialidad consiste en dispensar un procedimiento preferente y sumario que permita la pronta reparación del derecho vulnerado, evitando así dilaciones relativamente corrientes en los procedimientos judiciales «normales».