El art. 81.1 exige que la ley sea orgánica y por tanto, que sea aprobada por la mayoría absoluta del Congreso, cuando incida en «el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas». La interpretación del TC de este enunciado ha sido restrictiva, de manera que, por un lado, ha precisado que se refiere al núcleo más selecto de los derechos humanos, como son los contenidos la sección 1.ª del capítulo II del título I(STC 160/1987 y STC 127/1994) y por otro lado, estableciendo que se refiere exclusivamente a la regulación directa de los aspectos esenciales del derecho, y no a otros como por ejemplo, los procesales (STC 22/1986).

↔ [Véase Ley Orgánica 4/135 y ss.]

4/200

El significado que el art. 24.1 de la CE a través del derecho a la tutela judicial efectiva otorga a todas las personas «en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos», implica una doble cualidad muy importante como garantía de los derechos: de una lado, siendo garantía de los derechos fundamentales y de otro, siendo en sí mismo un derecho fundamental, incluido en el catálogo de los derechos que poseen el nivel más alto de protección.