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Tampoco este motivo puede ser estimado, toda vez que el recurrente no ha sufrido la indefensión que alega.

Podría haberse apreciado la existencia de tal indefensión si la denegación de la nacionalidad española hubiese carecido de motivación razonable y suficiente desde la perspectiva del requisito que se consideró incumplido, pues en numerosas sentencias (recaídas en litigios en que se ha examinado la misma causa de denegación aquí concernida) hemos dicho que aunque la decisión de la Administración se base en informes clasificados con arreglo a la normativa de secretos oficiales, aun así, debe proporcionar al menos un mínimo de datos sobre las razones determinantes de tal decisión, que permitan al recurrente articular su defensa frente a las mismas, y a los Tribunales de Justicia conocer dichas razones y verificar que las mismas se ajustan a la legalidad y a la racionalidad que ha de guiar el ejercicio de las potestades administrativas. Ahora bien, eso es precisamente lo que ha ocurrido en este caso, pues en el expediente administrativo y en las actuaciones de instancia constan datos suficientes para que el recurrente tuviera conocimiento de las concretas razones en que se basó la decisión de la Administración y pudiera articular su defensa frente a ellas.

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