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Contener la pandemia aconseja adoptar medidas que limitan los movimientos de la población para evitar el contagio; medidas que conllevan, es obvio, un fuerte coste económico, dado que disminuyen el gasto agregado. No existe, sin embargo, alternativa a esta estrategia (Recuadro 1), lo que obliga a las autoridades económicas a acudir a medidas extraordinarias de apoyo público, con el fin de sostener los ingresos de empresas y familias, y con ello sus demandas de bienes y servicios, hasta que se controlen los contagios.

Dada la veloz extensión del virus, en España se adoptó un primer estado de alarma, de casi 100 días de duración –entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020–, con disminución gradual de las limitaciones a la movilidad de la población desde el 27 de abril (la «desescalada»). Durante los dos primeros meses de este periodo especial, se restringieron las actividades económicas no esenciales, lo que provocó una intensa contracción de la actividad económica. Ante las siguientes olas, las limitaciones de la movilidad han sido menos severas, aunque en algunos momentos han adquirido una mayor relevancia en determinadas regiones, decretándose un nuevo estado de alarma de elevada duración (del 5 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021).