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Desde entonces, se han manifestado desequilibrios en la financiación de los diferentes modelos de Estados de bienestar y de sus políticas sociales sectoriales, servicios y prestaciones conexas, principalmente, en los modelos de bienestar corporativistas y familistas y en lo relativo a la Política de Seguridad Social y a los sistemas públicos de pensiones.

A nivel internacional, como apunta Rodríguez-Cabrero (2020), los sistemas públicos de pensiones suponen el centro de los sistemas de protección del modelo social europeo, debido a su dimensión financiera, su repercusión en las condiciones de vida de los ciudadanos y su relevancia en los debates políticos iniciados en la década de 1970.

Como se ha señalado, el envejecimiento de la población conlleva que la proporción de población activa (personas en edad laboral) está reduciéndose, mientras que el número relativo de personas jubiladas va en aumento. Por ejemplo, la UE estima que la proporción de personas mayores respecto al total de la población crecerá significativamente en las próximas décadas. Esto supone:

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